Con los votos a favor de los ediles del PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP, el pleno del Ayuntamiento de Pinoso ha aprobado este viernes la nueva ordenanza reguladora de vados, reservas de espacio y uso privativo de la vía pública en el término municipal de Pinoso, así como la que regula las tasas fiscales por la prestación de estos servicios, dentro de la labor de actualización de las normativas municipales.
Las tasas fiscales constituyen el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial del dominio público local derivado de la entrada (paso) de vehículos a través de las aceras (para acceso a fincas privadas) y la reserva de vías públicas para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que produzca una total o parcial restricción de uso público o un beneficio particular, aunque no produzca restricciones del mismo.
Como marca la ley, las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia y si ello no fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes.
La modificación de la Ordenanza Fiscal se actualiza, dado que la que todavía está en vigor data de 1990 y sus tasas son en pesetas. Además, en el estudio preparatorio para la que ahora se aprueba se han tenido en cuenta variables como la subida del IPC y los diferentes cambios normativos de estos últimos años”.
Para el edil de Seguridad Ciudadana, César Pérez uno de los puntos destacados es que “en la ordenanza se incluyen bonificaciones de hasta un 50% para las cuotas a jubilados y pensionistas, así como para las personas con movilidad recudida, dependiendo de sus ingresos, bienes y grados de autonomía personal”.
De hecho, las tarifas básicas anuales se han establecido por número de vehículos:
- Para 1 a 3 vehículos: 60 euros.
- De 4 a 10 vehículos: 80 euros.
- A partir de 10 vehículos: 100 euros.
También se actualizan las tasas para una reserva temporal de la vía única, en el caso de mudanzas u obras, y para otros usos del espacio público. En el caso de cortes de una calle para eventos también se ha establecido una tasa de 10 euros.
Como marca la ley, las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia y si ello no fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes.
La ordenanza no solo establece las tasas fiscales por la prestación de los servicios y los costes que suponen, ya que también se contemplan las diferentes infracciones y sanciones.
Durante la exposición de la Ordenanza, también se ha explicado, por parte del Equipo de Gobierno, que de haberse aplicado la subida gradual del IPC desde el año 1990 la tasa hubiese sido mayor que la que hoy se ha aprobado. Este ajuste está muy por debajo de lo que se aplica en otros municipios limítrofes como Elda, Monóvar, Aspe o Petrer entre otros.
Para él, esta ordenanza no es solo un importe. Es mucho más compleja y se ha ido trabajando en estos últimos años, recordando que la Policía Local tiene un sinfín de problemas con la ordenanza en vigor, totalmente desfasada, y era necesario actualizar todos los aspectos que contempla y también las tasas.
El alcalde Lázaro Azorín destacaba que detrás de estas ordenanzas ha habido un exhaustivo trabajo comparativo, teniendo en cuenta los datos de otras poblaciones y ciudades, con el fin de seguir actualizando todas las ordenanzas y tener un pueblo más sostenible. Por ello ha querido dar las gracias a los dos ediles, anterior y actual de seguridad, Francisco José López y César Pérez.
El PP ha votado en contra de ambas ordenanzas, en el caso de la primera por considerar que no es el momento para esta subida de tasas y por defectos de forma en la redacción.
El alcalde le ha solicitado que aproveche las comisiones informativas para proponer mejoras y no espere siempre al pleno a votar en contra de todo lo que propone el gobierno local.
Tras esta aprobación inicial, el texto quedará expuesto al público por un periodo de 30 días hábiles para alegaciones y reclamaciones una vez se publique en el BOP, el tablón de anuncios de la corporación y la web municipal.